Cita:

"La dureza de los ricos justifica el mal comportamiento de los pobres"
(Marqués de Sade)

martes, 20 de marzo de 2012

Un país ideal.



En un país ideal, los partidos políticos y los sindicatos, amén de cualquier organización de carácter político, sindical, cultural o empresarial, no estarían dentro del presupuesto del Estado, ni contarían con subvención alguna. Se financiarían únicamente de las cuotas de sus afiliados y simpatizantes, con lo cual, estas asociaciones responderían, tanto cuando ejercieran el poder como cuando no, a la voluntad de sus votantes, simpatizantes o afiliados, en definitiva, responderían a los intereses de la sociedad civil.

En un país ideal habría una separación efectiva de poderes. Ejecutivo, legislativo y judicial, no pudiendo mezclarse unos con otros, no pudiendo ser los integrantes del poder legislativo, por ejemplo, los que elijan a los jueces, no pudiendo salir el Presidente de la Nación (Poder Ejecutivo) de unas elecciones para la formación de la cámara de representación popular (Parlamento). La elección del Presidente la harán los ciudadanos de manera directa, y no se mezclará con la elección de los representantes en el Parlamento, que la harán también los ciudadanos en las elecciones de diputados, ni con la elección de los representantes judiciales, que la harán los propios jueces.

En un país ideal, el sistema electoral debería ser mayoritario, con unas circunscripciones lo más pequeñas posibles (Circunscripciones de cien o ciento cincuenta mil habitantes). Nunca, el sistema electoral deberá ser proporcional. El presidente de la Nación deberá ser elegido de manera directa por los ciudadanos, a doble vuelta, si no hubiera un candidato con una mayoría absoluta suficiente en la primera vuelta.

En un país ideal, ningún poder del Estado tendría capacidad para otorgar licencias para las actividades periodísticas de radio, televisión y prensa en general, se prohibiría la concentración de más de dos medios en un grupo de comunicación, preservando así la libertad de expresión e impidiendo la concentración de la misma en unas pocas manos. Se prohibiría además, cualquier tipo de subvención estatal a cualquier medio de comunicación. Se prohibirían los medios de comunicación de titularidad estatal o pública.

En una democracia ideal, en el plano económico, se tendería siempre a defender la variedad de la oferta, se perseguiría y se prohibiría la concentración de cualquier actividad empresarial o financiera en grandes corporaciones, en grandes grupos de empresas, se tendería a defender siempre el que hubiera el mayor número posible de operadores comerciales, de distinto tamaño, en cualquier rama de la economía. Se exigiría reciprocidad para las empresas extranjeras que realizaran actividades comerciales en ese país ideal; en el terreno de las leyes para la protección de los consumidores, las leyes de protección de derechos laborales, las leyes de protección del medio ambiente, las leyes que prohiben el trabajo infantil, etc. En definitiva, en una democracia ideal, se exigiría a cualquier empresa extranjera el cumplimiento de estas y otras normas regulatorias para poder exportar bienes y/o servicios a este país con una democracia ideal, y poder hacer negocios en él.

En una país ideal, se prohibiría cualquier subvención estatal a la contratación de determinados colectivos o de personas, por su edad, sexo o condición social. En definitiva, en un país ideal, se prohibiría cualquier subvención estatal, de cualquier tipo, a cualquier empresa, por la contratación de personas o por cualquier otro motivo. Así mismo se prohibiría cualquier tipo de discriminación positiva en el ámbito laboral y cualquier tipo de arbitraje del gobierno del país en las relaciones laborales entre trabajadores y empresarios. Se penalizaría la deslocalización de cualquier empresa, que trasladara su actividad al extranjero, por motivos de ahorro en coste de mano de obra, en impuestos, etc. Se prohibiría cualquier tipo de actividad de esa empresa en el suelo de ese país ideal, y cualquier relación comercial con la misma.

El gobierno de ese país ideal, sería descentralizado, transferiría la administración y la gestión de determinadas políticas a los distintos gobiernos regionales. Prohibiría los parlamentos regionales por estar ya representados los ciudadanos en el Parlamento nacional, quitando así la potestad de legislar o emitir leyes a las entidades gubernativas regionales, dándoles únicamente la potestad de administrar las políticas emanadas del Parlamento o del Gobierno de la Nación. Estas políticas trasferidas deberían ser las que el gobierno de la Nación considerara convenientes, teniendo en cuenta la capacidad de ese territorio para administrar esas políticas transferidas y teniendo en cuenta también la igualdad de oportunidades de todos los ciudadanos, vivan en el territorio que vivan, así como la unidad de mercado y legislativa. Las políticas a aplicar en los distintos territorios del Estado, emanarán del gobierno del mismo y del Parlamento nacional, máximo órgano de representación popular y, máximo y único órgano legislativo de la Nación.

La idea de Nación que se tendría en ese país ideal sería la idea de un conjunto de ciudadanos libres. La Nación o la idea de la misma, nunca responderá a intereses territoriales, étnicos, lingüísticos, o religiosos, aunque se tendrá en cuenta la idiosincrasia de ese país en cuestión, la tradición, y las circunstancias históricas que en el pasado dieron pie al nacimiento de esa nación.

No se cederá la soberanía política y/o económica de ese país ideal, nunca, de forma unilateral, a ninguna entidad supranacional. De hacerse, se debería hacer mediante referéndum vinculante, con un requisito de un 75% de la victoria de cualquiera de las opciones a consulta, con una participación del 90% del electorado en el mismo.

El sistema de gobierno de ese país ideal sería, por supuesto, la República Constitucional.

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